La Ley de Propiedad Horizontal es fundamental para la convivencia en conjuntos residenciales. Sin embargo, pocos conocen que está a punto de experimentar una transformación radical. Después de más de dos décadas de vigencia de la Ley 675 de 2001, se ha presentado una propuesta legislativa cuyo objetivo es modernizar y fortalecer este marco normativo, con un enfoque especial en la seguridad y la responsabilidad de los administradores.

Una de las novedades más destacadas en este proyecto de ley es la obligatoriedad de contar con pólizas de seguro que cubran los riesgos comunes en edificios y conjuntos residenciales. Estos seguros abarcarían desde incendios y terremotos hasta accidentes en áreas comunes como piscinas y parques infantiles, lo que proporcionará a los propietarios una mayor sensación de seguridad en los lugares que habitan.

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El proyecto no se limita solo a la seguridad. También incluye medidas para mejorar el gobierno corporativo en las propiedades horizontales. Esto implica que se establecerán requisitos más exigentes para quienes deseen administrar un área residencial, con el fin de asegurar una gestión de alto nivel profesional y una excelente transparencia en el manejo de los recursos.

Otro aspecto crucial es la imposición de sanciones más severas para quienes incumplan las normas establecidas en el reglamento de propiedad horizontal. Esto busca promover una convivencia más armoniosa entre los copropietarios, e incluso contempla la posibilidad de imponer altas multas a quienes reciban reiterados llamados de atención.

¿Qué beneficios traerían las pólizas en conjuntos residenciales con la nueva ley?

La aprobación de la medida que exige pólizas de seguro en los conjuntos residenciales traería diversos beneficios para los copropietarios.

Entre ellos, se destaca una mayor seguridad, ya que se reducirán significativamente los riesgos económicos a los que están expuestos los copropietarios.

Asimismo, se mejorará la gestión, dado que los requisitos más exigentes para los administradores garantizarán una gestión más profesional y transparente de los conjuntos residenciales.

Finalmente, se espera una mayor valorización de las propiedades, ya que una mayor seguridad aumentará su valor en el mercado.

La implementación de esta nueva ley no estará exenta de desafíos. Será necesario capacitar a los administradores, a los consejos de administración y a los copropietarios sobre los nuevos requisitos y obligaciones. Además, se deberá establecer un mecanismo eficiente para la supervisión y el control del cumplimiento de la ley.

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No obstante, esta propuesta representa una oportunidad única para mejorar la calidad de vida en los conjuntos residenciales de Colombia. Al fortalecer el marco legal de la propiedad horizontal, se contribuirá a construir ciudades más seguras, ordenadas y sostenibles.