La costosa multa que debe pagar el inquilino que se va sin pagar servicios

En Colombia, cerca del 37% de los ciudadanos viven en arriendo, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En este contexto, no es raro que algunos inquilinos abandonen las propiedades dejando deudas pendientes en servicios públicos, lo que puede resultar en sumas que incluso superan el costo mensual del arriendo.

Este tipo de situaciones representa un dolor de cabeza para los propietarios, quienes se enfrentan a facturas impagas y, en algunos casos, a inmuebles deteriorados. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Qué respaldo tienen los propietarios ante la ley cuando un inquilino no cumple con sus responsabilidades?

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La Ley 820 de 2003 y el Código Civil

La respuesta se encuentra en la Ley 820 de 2003, que regula los arrendamientos de vivienda urbana en Colombia, y el Código Civil. Estas normativas brindan un marco legal que protege tanto a arrendadores como a arrendatarios. De acuerdo con la Ley 820, los contratos de arrendamiento tienen mérito ejecutivo, lo que significa que si un inquilino no paga los servicios públicos o incumple el contrato de cualquier manera, el propietario puede iniciar una demanda por incumplimiento.

Este proceso no solo permite al propietario reclamar los pagos pendientes de servicios, sino que también da lugar al cobro de una cláusula penal, la cual está estipulada en el contrato de arrendamiento. Esta cláusula generalmente establece una multa o sanción económica que el inquilino debe pagar en caso de incumplimiento, lo que puede representar una protección adicional para el propietario.

¿Es suficiente el depósito de garantía?

Muchos propietarios exigen un depósito de garantía al inicio del contrato de arrendamiento. Sin embargo, este monto suele ser insuficiente para cubrir las deudas acumuladas por servicios públicos impagos. Los recibos de energía, agua o gas pueden acumularse rápidamente, y en algunos casos, las sumas superan el valor de dicho depósito.

Es por ello que muchos expertos recomiendan incluir una cláusula penal dentro del contrato, ya que esta medida ofrece un mayor respaldo al propietario en situaciones donde el inquilino abandona el inmueble dejando deudas. La inclusión de esta cláusula no solo permite reclamar las sumas adeudadas, sino que también genera una sanción económica adicional, lo que incentiva al inquilino a cumplir con sus obligaciones contractuales.

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Consecuencias legales para el inquilino

Cuando un inquilino se va sin pagar los servicios públicos, no solo está incumpliendo el contrato de arrendamiento, sino que también puede enfrentarse a consecuencias legales más graves. Al demandar por incumplimiento, el propietario puede solicitar al juez que ordene el pago de las sumas adeudadas más la cláusula penal. En algunos casos, si el inquilino continúa sin cumplir, podría enfrentar embargos de bienes o cuentas bancarias como parte del proceso judicial.

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la importancia de contar con un contrato de arrendamiento claro y detallado, que contemple todas las posibles eventualidades, incluyendo el pago de servicios públicos y el estado en que debe devolverse la propiedad.