Trabajadores recibirían tremendo aporte desde julio: tendrán más dinero en el bolsillo

A partir del 1 de julio de 2025, las empresas en Colombia deberán asumir el pago de seguridad social para trabajadores independientes contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, según la reforma pensional aprobada en 2024 (Ley 2381). Este cambio busca reducir la evasión en aportes y garantizar cobertura a más de 9,7 millones de trabajadores por cuenta propia, de los cuales el 84 % opera en la informalidad.

La medida, aun bajo revisión de la Corte Constitucional, establece que las empresas retendrán y girarán los aportes a salud, pensión y riesgos laborales de sus contratistas, similar al proceso para empleados en nómina. Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, advierte que "las empresas deben prepararse, aunque existe incertidumbre sobre la vigencia de la norma". 

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¿Cómo se calcularán los aportes de trabajadores independientes?

Los pagos se basarán en el 40 % del valor del contrato (excluyendo IVA), según la Ley 2277 de 2022. Para salud, el aporte será del 12.5 % sobre esta base, mientras que en pensión se aplicará el 16 % (régimen privado) o 13 % (régimen público). Riesgos laborales variarán entre 0.522 % y 6.96 %, dependiendo de la actividad económica.

La reforma también introduce cotizaciones proporcionales para trabajadores con ingresos variables, como jornaleros o comerciantes, quienes podrán ajustar sus aportes según días laborados. Este modelo busca evitar que quienes no trabajen un mes completo queden excluidos del sistema.

Desafíos y beneficios

Aunque la medida podría ampliar la protección social, persisten dudas sobre su implementación. Cuervo destaca que "las empresas deben verificar cómo se calculará la base de cotización para evitar errores". Además, la reforma permite que terceros realicen aportes a favor de independientes sin generar vínculo laboral, incentivando la formalización.

Si la Corte Constitucional valida la norma, las empresas deberán adaptar sus sistemas de nómina y reportar novedades como terminación de contratos. Para los trabajadores, esto significaría mayor seguridad jurídica y acceso a beneficios como pensiones y subsidios

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Consecuencias legales en caso de incumplimiento

Las empresas que contraten trabajadores independientes sin verificar el pago de sus aportes a seguridad social enfrentan sanciones económicas, responsabilidad civil y penal, según la normativa vigente. Estas son las principales consecuencias:

• La UGPP impone multas que pueden alcanzar 500 SMLMV (equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes) por incumplimiento en la retención o giro de aportes. Además, si el trabajador independiente no cotiza y la empresa no lo verifica, esta asume los costos de accidentes laborales, hospitalizaciones o pensiones por invalidez, sumado a intereses moratorios.
   
• Las empresas pueden ser demandadas por daños y perjuicios si no exigen comprobantes de afiliación o pagos de seguridad social. 
   
• Aunque la reforma pensional de 2025 (Ley 2381) aún está bajo revisión de la Corte, jurisprudencia previa como la Sentencia C-1089 de 2003 respalda la obligatoriedad de los aportes para independientes, argumentando que la seguridad social es un derecho irrenunciable.
   
• Los contratistas que no cotizan no acceden a beneficios como pensiones, subsidios o atención médica, lo que los expone a exclusiones del sistema. Para empresas, esto implica riesgos reputacionales y legales si no exigen comprobantes de afiliación.

Las empresas deben implementar sistemas de verificación de aportes y exigir comprobantes de afiliación a salud, pensión y riesgos laborales para evitar sanciones