Se avecina un cambio significativo para los residentes de edificios y conjuntos residenciales en el país, debido a un proyecto de ley que busca actualizar las normas de propiedad horizontal. Entre las medidas propuestas, se encuentra la exención del pago de la certificación de existencia y representación legal para los conjuntos y edificios de estratos 1 y 2.

El objetivo del Congreso de la República con esta medida es proporcionar un alivio financiero a los propietarios de apartamentos en estratos bajos. Sin embargo, esta propuesta ha generado un intenso debate sobre su viabilidad y equidad.

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Actualmente, los edificios y conjuntos residenciales en el país están obligados a generar este certificado ante la Cámara de Comercio para verificar a sus representantes legales. Este trámite, aunque burocrático, garantiza la transparencia y el buen gobierno de las propiedades horizontales. El proyecto de ley en discusión plantea una excepción para los estratos 1 y 2, argumentando que estos conjuntos suelen tener menos recursos económicos.

La medida ha recibido opiniones divididas. Por un lado, los defensores de los estratos bajos celebran esta iniciativa como un paso hacia la equidad, al reducir los costos de administración para las comunidades más vulnerables. Por otro lado, los críticos argumentan que esta diferenciación puede generar inequidades y afectar la calidad de la gestión en los conjuntos exentos, además de un posible aumento de precio en este importante trámite.

¿Qué otras excepciones tendría este proyecto?

El proyecto de ley no se limita a la exención de trámites. También incluye disposiciones sobre la tenencia de animales, el cuidado de zonas comunes y sanciones ambientales, entre otros aspectos. Estos temas, que afectan la vida cotidiana de los copropietarios, han generado un amplio debate sobre cómo conciliar las necesidades individuales con el bienestar colectivo.

Es crucial recordar que las leyes de propiedad horizontal son el marco legal que regula la convivencia y la administración de los bienes inmuebles compartidos. Estas normas establecen las reglas para la toma de decisiones colectivas, la distribución de gastos y la resolución de conflictos, garantizando la armonía y la sostenibilidad de los conjuntos residenciales.

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El proyecto de ley aún se encuentra en discusión y su aprobación final es incierta. No obstante, la propuesta de eximir a los estratos bajos del pago de trámites ha abierto un debate fundamental sobre la equidad en la gestión de las propiedades horizontales.