Aquellas personas que viven en propiedad horizontal deben tener en cuenta que existen normas fundamentales para garantizar el bienestar y la convivencia con los vecinos. Sin embargo, estas están a punto de cambiar significativamente, dado que se está debatiendo un proyecto de ley que busca modernizar el marco legal vigente, fortaleciendo los mecanismos sancionatorios y de control.

Las normas estipuladas en la Ley 675 de 2001 establecen los derechos y obligaciones de los copropietarios, resultado de un consenso social que busca garantizar la armonía y el disfrute de los espacios comunes por parte de propietarios y arrendatarios.

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Ante este panorama, el Congreso de la República discute un proyecto de ley que pretende actualizar y fortalecer el marco normativo de la propiedad horizontal en todo el país. Esta iniciativa legislativa ha generado gran expectativa en el sector inmobiliario y entre los habitantes de edificios y conjuntos residenciales, ya que las modificaciones propuestas impactarían directamente la vida de quienes habitan en propiedades horizontales, volviendo las normas más estrictas.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la actualización de las sanciones por incumplimiento de las normas de convivencia. Actualmente, las multas establecidas en la Ley 675 de 2001 pueden ser insuficientes para disuadir a los infractores y garantizar el cumplimiento de las reglas. Por tanto, el nuevo proyecto propone un incremento en las sanciones y una mayor eficiencia en los mecanismos de cobro, buscando mejorar la armonía en las zonas comunes.

Sanciones por infracciones reiterativas

En este contexto, si un residente recibe varios llamados de atención por diversas faltas, enfrentará serias sanciones económicas para fomentar una cultura de convivencia en los conjuntos residenciales basada en el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Se busca que las advertencias no se repitan, lo que hace insólito que la norma se enfoque en un único llamado de atención para evitar la reincidencia. Por ello, la norma propone fortalecer los mecanismos de participación ciudadana al interior de cada copropiedad, así como la creación de programas sobre los derechos y deberes de los dueños de apartamentos.

Aunque la ley no especifica un monto exacto, la figura del administrador jugará un papel fundamental en la gestión de la nueva normativa, ya que verá fortalecidas sus responsabilidades para establecer mecanismos eficientes en la elección y evaluación.

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Además, se propone otorgar a los administradores mayores facultades para imponer sanciones y resolver conflictos, siempre y cuando actúen dentro del marco legal y respeten los derechos de los copropietarios.