Quienes viven en conjuntos residenciales deben tener en cuenta que, en su interior, se establecen diversas normas para asegurar una convivencia armoniosa entre los vecinos. Sin embargo, detrás de las áreas comunes bien cuidadas, surgen interrogantes sobre las reglas que se imponen dentro del área residencial y, especialmente, sobre quiénes son los encargados de hacerlas cumplir.

En este contexto, la Ley 675 de 2001 es la normativa que establece un marco claro para la toma de decisiones, especialmente cuando se trata de imponer multas. La asamblea de copropietarios, como órgano supremo, es la máxima autoridad en estos asuntos. Es en este espacio donde se aprueban los reglamentos, se eligen los administradores y se toman decisiones trascendentales para el conjunto residencial.

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No obstante, la ley también delega ciertas funciones al consejo de administración, un órgano ejecutivo encargado de velar por el cumplimiento de las decisiones de la asamblea. El administrador, por su parte, es el representante legal del conjunto residencial y tiene la responsabilidad de ejecutar las decisiones adoptadas tanto en la asamblea de copropietarios como en el consejo de administración.

¿Puede el administrador hacer cobros por multas?

El administrador desempeña un papel crucial en la dinámica de la propiedad horizontal. Su rol es complejo y requiere tanto habilidades administrativas como diplomáticas. Debe asegurarse del mantenimiento de las áreas comunes, cobrar las cuotas de administración, atender las quejas de los copropietarios y, en general, garantizar el buen funcionamiento del condominio.

Sus poderes, sin embargo, están limitados por la ley y los reglamentos internos del condominio. No puede imponer multas de manera arbitraria ni tomar decisiones que afecten los derechos de los copropietarios sin la autorización adecuada. En particular, cuando se trata de sanciones, el administrador no tiene la potestad de imponerlas por decisión propia; estas decisiones deben ser tomadas por el consejo de administración, según la falta cometida por el residente.

En casos más complejos, puede ser necesario recurrir a instancias legales. Un abogado especializado en propiedad horizontal puede asesorar a los copropietarios y representarlos en un juicio.

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Es fundamental que los copropietarios conozcan sus derechos y obligaciones. No pueden ser objeto de tratos discriminatorios ni de medidas arbitrarias por parte del administrador o del consejo de administración. La ley protege los derechos individuales de cada copropietario, y cualquier violación de estos derechos puede ser denunciada ante las autoridades competentes.